En
2012
El fallo ha sido adoptado por unanimidad de los miembros
de la Sala de lo Penal del Supremo
Baltasar Garzón
ha sido condenado a 11 años de
inhabilitación por prevaricación, al ordenar la grabación de las conversaciones en la cárcel de
los cabecillas del caso Gürtel y sus
abogados. Antes que él han sido apartados de la carrera judicial otros
magistrados por el mismo delito: dictar,
a sabiendas, sentencias o resoluciones injustas
Javier Gómez de Liaño, 15 años
Uno de los casos más mediáticos fue
el de Javier Gómez de Liaño,
compañero entonces de Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional. Liaño fue
condenado a 15 años de inhabilitación
por el Tribunal Supremo el 15 de octubre de 1999 por prevaricación en el caso Sogecable.
Liaño investigó a la empresa
Sogecable (Canal Plus) por supuestas irregularidades contables y por utilizar
"indebidamente" la garantía depositada por los abonados. El caso fue finalmente archivado y el juez
condenado después de haber sido suspendido por el CGPJ el 19 de junio de
1998, informa Efe.
Pascual Estevill, seis años de inhabilitación
Antes de Liaño solo había habido un precedente, el del
exjuez Pascual Estevill. El
Tribunal Supremo condenó a seis años de
inhabilitación en julio de 1996 al entonces vocal del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) por un delito continuado de prevaricación y dos de
detención ilegal.
La sentencia consideró probado que Estevill adoptó
decisiones a sabiendas de que eran injustas por "íntimas convicciones
extraprocesales", entre ellas el ingreso en prisión de tres personas,
según informó entonces El País.
Años después, en enero de 2005, el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña (TSJC) le condenó a nueve años de prisión por delitos de cohecho y prevaricación en el
proceso de corrupción más grave
detectado hasta entonces en España.
Justo Gómez Romero, 18 años de inhabilitación
En julio de 2002, el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó a dos años de prisión y 18 años de inhabilitación al juez de
la Palma del Condado (Huelva) Justo Gómez Romero por cohecho, prevaricación
impropia y exacciones ilegales cometidos en 1996.
El Tribunal Supremo confirmó la condena a Romero en agosto de 2004. El alto
tribunal consideró probado que el juez recibió dinero por evitar el desahucio
de un mesón de esta localidad. Prevaricó por no inhibirse en un proceso de
ejecución hipotecaria de una entidad cuyo presidente era familiar y por
rechazar suspender una subasta pública de un complejo turístico. Además exigió
300 euros a un vecino por dos certificados de nacimiento y matrimonio.
Calamita y Serrano, los últimos casos
En diciembre de 2009, el Supremo aumentó de dos a diez
años de inhabilitación la condena al juez Fernando Ferrín Calamita
por prevaricación al retrasar la adopción de una menor que había sido
solicitada por parte de la compañera sentimental de la madre biológica.
El pasado mes de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) condenó al juez de Familia de Sevilla Francisco Serrano a dos años de inhabilitación por prevaricación
culposa al prorrogar el régimen de visitas de un padre divorciado a
su hijo.
Por su parte, el juez de Marbella Javier de Urquía fue condenado por el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a 10 años de inhabilitación,
pero el Supremo le absolvió de este
delito en marzo del 2009 y solo confirmó la pena de dos años de
prisión por cohecho al aceptar dinero del exasesor urbanístico marbellí Juan
Antonio Roca.
En 2016 El ex-juez nos quiere dar lecciones de moralidad. Los demás sín tanto apoyo mediático callán y otorgan.
Filoxides el Crítico
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